En camino a la aplicación del modelo feminista de prevención de las violencias: Mica. Una mirada al enfoque de adaptabilidad o contextualización en las intervenciones para la prevención de la violencia basada en género
Recibido: 11/04/2024. Aceptado: 29/06/2024.
DOI: https://doi.org/10.55996/manguare.v3i2.250
Sara Indira Ramírez Zubillaga
Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM Perú.
zubillaga.sara@gmail.com / a20033306@pucp.edu.pe
Resumen:
Este artículo de investigación examina de cerca la problemática de la violencia de género en regiones específicas y propone el Modelo MICA (Mujeres Independientes Con Autonomía) impulsado por el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM Perú, como una estrategia innovadora para su prevención y mitigación. A medida que la violencia de género sigue siendo una preocupación global, se vuelve esencial aplicar el enfoque en las diversas estrategias efectivas que existen para combatir la violencia basada en género. El estudio se basa en una revisión sistemática de intervenciones para la prevención de violencia basada en género, que cuenten con evaluaciones de impacto (en sus distintas versiones o enfoques), en las que se haya identificado deficiencias en la necesidad de contextualización y adaptabilidad que cada territorio exige. Esta revisión de literatura permitirá identificar las brechas en la adaptabilidad y contextualización que existen en las intervenciones que aplica el Estado peruano. Proponemos una metodología que permita mediante una aproximación cualitativa (a través de entrevistas y estudios de casos) que se identifiquen los patrones, las actitudes culturales arraigadas y los desafíos específicos que contribuyen a la persistencia de la aplicación de estas intervenciones sin enfoque de adaptabilidad o contextualización.
Palabras clave: violencia de género, modelo MICA, estrategia innovadora, contextualización, adaptabilidad.
Abstract:
This research article takes a close look at the issue of gender-based violence in specific regions and proposes the MICA Model (Mujeres Independientes Con Autonomía) promoted by the Latin American and Caribbean Committee for the Defense of Women's Rights - CLADEM Peru, as an innovative strategy for its prevention and mitigation. As gender-based violence continues to be a global concern, it becomes essential to focus on the various effective strategies that exist to combat gender-based violence.
The study is based on a systematic review of gender-based violence prevention interventions with impact evaluations (in their different versions or approaches), where gaps have been identified in the need for contextualization and adaptability that each territory requires. This literature review will allow us to identify the gaps in adaptability and contextualization that exist in the interventions applied by the Peruvian State. We propose a methodology that allows for a qualitative approach (through interviews and case studies) to identify patterns, ingrained cultural attitudes and specific challenges that contribute to the persistence of the application of these interventions without a focus on adaptability or contextualization.
Keywords: gender violence, MICA model,
innovative strategy, contextualization, adaptability.
- Marco teórico y contextual para el diseño de MICA
1.1. Sistema de género patriarcal y violencia de género
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el patriarcado es un sistema de organización social que sitúa el dominio de los hombres sobre las mujeres. Este sistema asigna estrictos roles a las mujeres y hombres, y divide los géneros en contra de sí mismos[1]. A partir de esta definición, se puede señalar que el patriarcado es la causa del mantenimiento y reproducción de la violación sistemática de los derechos humanos, teniendo como ejemplo la violencia y discriminación ejercida contra las mujeres y personas LGTBIQ+.
Una de las bases de esta estructura social es el género, categoría que se usa para diferenciar lo masculino de lo femenino, jerarquizando, y determinando lo que se espera tanto de hombres como de mujeres en el marco de un modelo de una sexualidad binaria, heterosexual, cisgénero, así como en un modelo económico capitalista, neoliberal y neocolonial. En otras palabras, el género es una construcción social replicada, aprendida e interiorizada.
Esta forma de entender el género está profunda y ampliamente internalizada en las relaciones, el poder, las creencias y las instituciones que determinan la vida de las personas y las sociedades, e influencia la forma en que las personas piensan, sienten, actúan, cómo se visten, el lenguaje que usan, las expectativas que tienen, lo que estudian y los empleos por los que optan, los objetos que compran, hasta el nivel en que participan o no en las decisiones políticas, crean y gestionan empresas e instituciones, desarrollan legislaciones y organizan la sociedad, entre otros (MIMP, 2022).
El género influye en cada aspecto del desarrollo de la vida humana y en cada ámbito de la sociedad, en lo individual y lo colectivo, en lo privado y lo público, en lo relacional y lo comunitario.
Éste plantea relaciones desiguales y binarias, y se desarrolla en el sistema patriarcal que, como se ha señalado, privilegia con poder y recursos a lo que es considerado masculino por encima de lo femenino. Esto quiere decir que otorga más privilegios a los hombres hegemónicos que a las mujeres, personas LGTBIQ+ y personas feminizadas. Según Cislaghi & Heise (2020), esta desigualdad basada en el género se auto reproduce y perpetúa la desventaja que tienen las mujeres, y personas LGTBIQ+, con respecto a los hombres mediante las interacciones sociales y termina impregnada o arraigada fuertemente en las instituciones y otras estructuras sociales.
Existe una diversidad de autorías que exponen que la discriminación contra las mujeres es estructural y sistemática porque forma parte de las bases mismas del sistema social y no es una problemática simplemente coyuntural o aislada. La evidencia muestra que los índices más altos de violencia de género contra las mujeres (VGCM) se presentan en las sociedades con niveles más altos de discriminación estructural contra ellas. (Heise, 1998; ONU Mujeres, 2011).
1.2. La división sexual del trabajo
La división sexual del trabajo es una de las dinámicas atribuidas al género para reforzar la diferencia sexual. Según esta premisa, Rubin (1986) afirmó que la diferencia sexual surge de la oposición y exclusión reproducidas por mecanismos culturales y políticos, siendo una de las dinámicas atribuidas al género para reforzar dicha diferencia. Por lo tanto, lejos de ser una expresión de diferencias biológicas, en realidad, la identidad de género con exclusión es la supresión de semejanzas naturales ya que requiere represión: "En los hombres se presentan rasgos femeninos de la versión local y en las mujeres, rasgos masculinos de la versión local." De esta idea se entiende que las diferencias consideradas naturales son en realidad el resultado de mecanismos para consolidar la noción de una diferencia sexual absoluta y claramente determinante en la estructuración de la vida social y el poder. Según Levi-Strauss (1971), la división sexual del trabajo no es más que un mecanismo para crear un estado de dependencia 'recíproca' entre los sexos.
Morales et al. (2007) explica que los estereotipos de género son un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características que poseen hombres y mujeres, aplicadas indiscriminadamente a todos los miembros de uno de estos dos grupos. Los estereotipos sirven para mantener y justificar esa división sexual del trabajo. Es tan significativo para las sociedades la división desigual de roles entre hombres y mujeres que requiere encontrar una justificación, llegando a la suposición de diferencias naturales e inherentes a estos géneros (Hoffman y Hurst, 1990).
A partir de ello, Lamas (2018) y Morales et al. (2007) exponen que los roles o mandatos de género son reproducidos por las instituciones e interiorizados por las personas, generando disposiciones favorables a desarrollar ciertos gustos, actitudes, rasgos de personalidad y comportamientos que, aunque podrían parecer naturales, son aprendidos desde muy temprana edad. En base a esto, se gesta la violencia simbólica que se entiende como “el fenómeno por el cual las personas aceptan, en contra de sus propios intereses, los esquemas y valores que las oprimen'' (Bordieu citado en Lamas, 2018). En este caso, la socialización e interiorización del rol de género vinculado a la abnegación promueve la idea de que la realización emocional de las mujeres está vinculada al sacrificio de los deseos propios en favor de las y los demás; lo cual lleva a las sociedades a normalizar que las mujeres asuman las demandas de los trabajos de cuidados de forma no remunerada como un destino del cual no es posible escapar.
La división sexual del trabajo no proviene de ningún rasgo biológico: “no hay nada esencial en el cuidado y en la provisión que haga de estas formas de relación algo femenino o algo masculino” (Lamas, 2018). Es decir, la disposición para el cuidado no es parte de la naturaleza de las mujeres ni mucho menos nace de un instinto materno o un gusto por el autosacrificio (Carrasco, 2013). Sin embargo, a partir de la socialización en un contexto sexista heteronormativo, la abnegación y el cuidado se aprenden y reproducen como roles propios de las mujeres y las empujan a asumir las labores domésticas y el trabajo de cuidados, con lo cual se sostiene un ciclo vicioso que perpetúa la opresión.
Esta distribución inequitativa y desigual no solo contribuye a favorecer al sistema patriarcal, sino también al sistema económico actual. Pese a que el modelo capitalista sólo reconoce como valiosos el trabajo mercantil (empleos), el trabajo de cuidados resulta fundamental para sostener su estructura, ya que reproduce las fuerzas laborales actuales y futuras (Carrasco, 2013). Es a raíz del trabajo que realizan las mujeres, niñas y personas feminizadas para cuidar de las personas de su entorno, que los salarios pueden ser transformados en bienes y acciones que permitan el descanso, bienestar y desarrollo de las personas que conforman las filas de empleados, y aquellas niñas y niños que en el futuro lo harán.
De igual manera, al verse obligadas a asumir mayor carga en la distribución de cuidados, el trabajo no remunerado de las mujeres permite que los otros, en general, hombres, ahorren el tiempo y esfuerzo que emplearían en cuidar de las personas dependientes a su cargo, sean hijos, hijas, abuelos, abuelas, personas enfermas, y de ellos mismos. Por ejemplo, según una encuesta realizada en 2021 por Oxfam & Flora Tristán, el impacto de la pandemia resalta en que el 62% de mujeres a nivel nacional aumentaron el tiempo de dedicación a los cuidados en comparación a otras personas en sus hogares. En ese sentido, el capitalismo depende del trabajo no asalariado ni reconocido de las mujeres, pues este es el que hace posible el mantenimiento actual y futuro de su fuerza laboral, así como la acumulación masculina de capital (Carrasco, 2013). Así, según la última encuesta de uso de tiempo, se estima que, en el Perú, el trabajo doméstico no remunerado significó el 20,4% del PBI del año 2010 (INEI, 2016 citado en la OCDE, 2022).
De modo que, se encuentra una relación estrecha entre el sistema de producción capitalista y el patriarcado, articulados ambos en la desvalorización y feminización de los trabajos de cuidados. Es decir, si en el trabajo remunerado hay una apropiación de la plusvalía de la fuerza de trabajo, en el trabajo de cuidados, la apropiación de la fuerza de trabajo es absoluta pues no existe remuneración alguna, por lo cual podemos decir que el sistema se sostiene en la apropiación del trabajo de las mujeres y de las personas feminizadas. Ahora bien, esta apropiación del trabajo de las mujeres no solamente se produce en los trabajos de cuidados, sino también en la precarización de los trabajos que en las últimas décadas las mujeres han realizado; trabajo por jornales, en pequeños comercios, trabajo del hogar, trabajo productivo no remunerado como la siembra, la cosecha, la gestión del agua, trabajo de las organizaciones sociales de base, entre otros.
A este análisis es importante añadirle una perspectiva interseccional, pues, aunque todas las mujeres y personas feminizadas se vean atravesadas por el trabajo de cuidado independientemente de su edad, clase social o estatus civil, las experiencias y las condiciones en que se realiza el trabajo y la cantidad de trabajo a realizar –y, por tanto, la situación de las mujeres– es muy distinta dependiendo de la clase social o nivel de renta de cada hogar. Por ejemplo, mujeres de estratos socioeconómicos más altos tienen la posibilidad de tercerizar los cuidados a la oferta del mercado que, muy probablemente, son otras mujeres, pero de estratos socioeconómicos más bajos como las trabajadoras del hogar, niñeras, centros de cuidado, etc. (Carrasco, 2013).
Además, la interseccionalidad no solo remite a la clase sino también "a la premisa de que la gente vive identidades múltiples, formadas por varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras del poder. Las personas pertenecen a más de una comunidad a la vez y pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea" (Association for Women's Rights in Development, 2004).
Esta distribución inequitativa del trabajo se evidencia en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEI, 2010), en la que se muestra la diferencia de tiempo que destinan hombres y mujeres al trabajo doméstico no remunerado y al trabajo remunerado. Enfocándonos en el trabajo doméstico no remunerado, las mujeres destinan 24,14h/m más que los hombres a la semana y, si bien los hombres dedican más horas al trabajo remunerado, la brecha a nivel nacional es de 14,19 h/m. Al desagregar la data por zona de residencia, se encuentra que, en zonas urbanas, la diferencia es de 22,34h/m mientras que en las zonas rurales la diferencia se incrementa a 26,58 h/m.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2018-2020 del INEI (2022), la población ocupada disminuyó entre los años 2018 y 2020, lo cual podría deberse a un posible efecto de la pandemia. Sin embargo, se observan distintos patrones según sexo y ámbito de residencia. En el ámbito urbano, disminuyó la población ocupada tanto en hombres como en mujeres, aunque la disminución representa un porcentaje mayor en mujeres (19%) que en hombres (10%). Es decir, se presenta una brecha de género que corresponde a que más mujeres pasaron a ser “población desocupada” respecto de los hombres. En el ámbito rural, las cifras varían muy poco. De hecho, en el caso de los hombres, se mantiene igual; mientras que, en el caso de las mujeres, disminuye en un 3%.
Asimismo, la distribución de tiempo destinado a las tareas de cuidado difiere de acuerdo al nivel socioeconómico y el lugar de residencia. Las mujeres indígenas quechuahablantes dedican 10 horas más por semana al trabajo doméstico y de cuidados en comparación a las mujeres hispanohablantes (INEI, s.f. citado en OCDE, 2022). Además, según el nivel educativo, “las mujeres con un título universitario en promedio trabajan 11 horas menos que las mujeres que como máximo terminaron la escuela primaria” (INEI, s.f. citado en OCDE, 2022).
Frente a este panorama, un enfoque feminista propone el reconocimiento del cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser ciudadanas y a ejercer el autocuidado sobre la base de la igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género (CEPAL, 2022). En primer lugar, este enfoque demanda transformar la mirada sobre las personas: de receptoras a agentes activos de derechos que transforman su realidad, lo cual exige su involucramiento directo en el establecimiento y monitoreo de políticas. En esa línea, el desarrollo de una política y un sistema integral de cuidados exige la participación de la sociedad civil, mediante el diseño, la implantación y la evaluación de las políticas de cuidados, siendo la participación social y la creación de mecanismos de exigibilidad”. (ONU Mujeres & CEPAL, 2021, p. 26).
1.3. La problemática de la violencia de género hacia las mujeres y su relación con los estereotipos de género sobre el rol de las mujeres y su autonomía
La violencia de género contra las mujeres y personas LGTBIQ+ tiene un carácter cultural, social, histórico y económico donde las mujeres y en general, lo femenino, se encuentra subordinado con respecto a los hombres y la masculinidad hegemónica. La violencia se sostiene en un conjunto de creencias, estereotipos y prejuicios de género, es decir, lo que la sociedad e instituciones esperan de las personas.
En términos de Segato (2003), la violencia de género encuentra su origen en el sistema de estatus que lo rige, en el cual los hombres son responsables de “proteger” a las mujeres de su familia y cuentan con el monopolio de la violencia, toda vez que éstas se ubican en una posición subordinada ante ellos. Sin embargo, en el momento en que las mujeres y las personas feminizadas hacen uso de su autonomía para colocarse como iguales, como sujetas de derechos, los hombres hacen uso de la violencia para restaurar el estatus de subordinación. De allí que el fenómeno de violencia de género es parte de una tensión no resuelta entre el régimen de estatus –que implica subordinación– y el contrato social entre iguales.
La violencia de género es una de las más graves violaciones de derechos y de las formas más transversales de violencia en el mundo. Aunque diversos modelos explicativos han tratado de acercarse a las causas del problema desde diferentes corrientes de las ciencias sociales, el consenso actual es que se trata de una manifestación de discriminación estructural exacerbada por factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales, que genera daños y anula el disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y personas LGTBIQ+ (ONU Mujeres, 2015a).
En esa línea, los estereotipos de género sobre las mujeres y las personas feminizadas son utilizadas no solo para atribuirles un rol en función de su pertenencia a un grupo particular, sino también para establecer obligaciones de comportamiento que deben asumir en la sociedad. Por este motivo, se dice que estamos ante estereotipos prescriptivos en la medida en que las preconcepciones sobre las mujeres sean utilizadas para escribir un guión de identidades a las cuales ellas deben adaptarse (Cook y Cusack, 2010, p. 22) o, de lo contrario, serán juzgadas, rechazadas, discriminadas o violentadas (Díaz et. al. 2019, p. 20).
Heisse (1998) sugiere el modelo ecológico como una forma de entender cómo las normas, prácticas y estructuras discriminatorias de género se manifiestan en las personas, sus relaciones con otros individuos y su entorno. Convirtiéndose así en factores que incrementan la violencia de género contra mujeres. Hay varias versiones de este modelo; no obstante, la mayoría representa el sistema social en cuatro niveles interrelacionados en los cuales operan los factores asociados a la VGCM. Los niveles del modelo son individual, relacional, comunitario y social, los cuales se observan en la siguiente figura:
Figura 1. Modelo ecológico
Fuente: MIMP, 2022a.
1.4. Estudios previos relacionados con intervenciones en la prevención de la violencia de género y su falta de adaptabilidad
Distintos proyectos se han implementado usando como base la estrategia de cambio de actitudes, creencias y normas, entre los que se resalta las intervenciones con enfoque de activismo comunitario. Este tipo de intervenciones mantienen una perspectiva participativa que posiciona a la comunidad como principal impulsor de su desarrollo, involucrando a distintos actores/as y abordando las normas sociales (ONU Mujeres, 2015). Así, buscan involucrar a la comunidad a través de activistas locales entrenados y apoyados por el proyecto para trabajar con hombres y mujeres, mediante actividades informales que desafíen las normas y actitudes hacia la VGCM (OMS, 2020). Asimismo, trabaja con líderes de opinión, ya sean líderes religiosos, de la policía, y de servicios de salud, con el fin de influenciar las normas y reforzar la respuesta local a la VGCM (OMS, 2020). Estas intervenciones han tenido resultados significativos en la disminución de la violencia contra la mujer (ONU Mujeres, 2015b) en países de ingresos socioeconómicos bajos (OMS, 2020).
Un ejemplo de este tipo de intervenciones es el proyecto SASA, el cual ha sido aplicado en 25 países. Este proyecto apunta a la prevención primaria de VGCM y la reducción del VIH a partir de promover la discusión crítica y compromiso de comunidades con temas de inequidad de género, violencia y VIH (Kyegombe et al., 2015). Todo el proyecto es implementado por miembros de la comunidad, activistas voluntarios, líderes locales y gubernamentales, a través de distintas actividades grupales y uno a uno (Kyegombe et al., 2015).
SASA se basa en tres aproximaciones claves: (1) la teoría feminista, (2) el modelo ecológico y la teoría de la difusión de la innovación, y (3) el movimiento social y la teoría de las normas sociales. En primer lugar, la teoría feminista permite identificar como raíz principal de la VGCM las relaciones de poder que suscita el género, las cuales brindan mayor poder al hombre y subyugan a la mujer, orientando al modelo a intervenir en la distribución inequitativa de poder dentro de las relaciones y comunidades. En segundo lugar, la teoría de normas sociales enfatiza la importancia de inspirar a las y los miembros de la comunidad a tomar medidas basadas en sus creencias para generar un cambio en sus actitudes, resaltando los beneficios positivos de la no violencia en lugar de las consecuencias negativas de la violencia. (Raising Voices et al., 2015)
En tercer lugar, el modelo ecológico fomenta el compromiso holístico de la comunidad y construye una base de apoyo para la lucha contra la VGCM al incluir a miembros de diferentes sectores y niveles de influencia. Este enfoque no busca responsabilizar a la sociedad civil del cambio; por el contrario, la idea de aproximarse a distintas actoras y actores es que demanden que el Estado asuma la responsabilidad en la lucha contra VGCM. Además, este enfoque promueve la sostenibilidad del proyecto, ya que apunta a conseguir el apoyo tanto de líderes estatales como comunitarios (Raising Voices et al., 2015).
- El Modelo feminista: Mujeres Independientes Con Autonomía-MICA como estrategia innovadora para la prevención y mitigación de la violencia de género
MICA nace como iniciativa del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM Perú, con el objetivo de contribuir a deconstruir las actitudes y pensamientos que se sostienen en la división sexual del trabajo y por ende los estereotipos de género. Entendemos por ésta como la distribución desigual que se sostiene en la creencia que existen diferencias naturales entre los géneros. ¿Cómo se manifiesta esto? A través de los roles de género, se generan disposiciones para exigirle a las personas a desarrollar ciertas actitudes y comportamientos que se perciben como correspondientes a su sexo.
A partir de ello, se reproducen discursos violentos relacionados a vincular la realización de las mujeres con el sacrificio de los sueños propios o normalizar que la carga de los cuidados lo asuman solamente las mujeres. Estos discursos favorecen al sistema económico actual, pues, el capitalismo depende de este trabajo no remunerado de las mujeres para perpetuarse.
La problemática de la violencia de género es un fenómeno complejo arraigado en diversas esferas sociales, políticas y culturales. En el contexto peruano, esta problemática adquiere dimensiones particulares, interconectadas con la feminización del trabajo de cuidado y los arraigados roles de género. Este artículo propone analizar estas interrelaciones, destacando la necesidad de comprender la complejidad de estos temas para abordar eficazmente los desafíos que enfrenta la sociedad peruana en la prevención de las VBG.
2.1. La metodología del estudio que sostiene MICA
La investigación para el diseño de MICA como modelo feminista y descentralizado de intervención en prevención de la violencia contra las mujeres, tuvo como finalidad la caracterización de las actitudes patriarcales sobre la autonomía de las mujeres para decidir sus proyectos de vida fuera del rol del cuidado, e identificar iniciativas y estrategias implementadas para la prevención de la VGCM con énfasis en el componente de movilización de actitudes.
La metodología de recojo de información utilizada fue mixta. Se incluyó una encuesta como instrumento cuantitativo y entrevistas y grupos focales como instrumentos cualitativos. Por otro lado, el alcance geográfico del recojo de información comprendió a once distritos. En Lima Metropolitana, tres distritos: Carabayllo, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho. Y los siguientes ocho distritos de distintas provincias: El Porvenir (Trujillo), Chilca (Huancayo), Chachapoyas (Chachapoyas), Veintiséis de Octubre y Castilla (Piura), San Sebastián (Cusco), Tarapoto (Tarapoto), y Cerro Colorado (Arequipa).
En cada uno de dichos distritos se encuentra ubicada una organización de mujeres u ONG que forma parte de la red CLADEM Perú, que es aquella que operó como nexo importante para la gestión del operativo de campo por parte del equipo investigador y que apoya el desarrollo del presente artículo.
En cuanto a los instrumentos, se aplicaron 191 encuestas a mujeres y hombres mayores de 18 años en total, considerando cuotas mínimas de mujeres (50%) y de población joven, 18 a 29 años (30%). Asimismo, se desarrollaron 42 entrevistas a las siguientes funcionarias/os en cada región: personal de la municipalidad distrital o provincial; un personal Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL); un personal del Gobierno Regional; un personal Centro de Emergencia Mujer (CEM); y un personal de la Comisaría Local. En caso no fuera posible obtener el consentimiento de alguno de dichos funcionarios, se acudió a Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) y DEMUNAs. Por otro lado, se realizaron 8 entrevistas a personal de medios de comunicación y 10 grupos focales a organizaciones de la sociedad civil.
2.2. Enfoques de diseño e implementación del modelo feminista MICA
El modelo MICA es feminista, pues su objetivo busca transformar los estereotipos de género que sostienen la violencia de género contra las mujeres, en particular, desfeminizar los cuidados, es decir, deshacer la asociación de las tareas de cuidado con las mujeres y personas feminizadas a partir del reconocimiento del derecho al cuidado, bajo los principios de universalidad, corresponsabilidad social, de género y sostenibilidad ambiental. Estos principios exigen el derecho a recibir cuidados, a decidir cuidar y a procurarse autocuidado en universalidad de condiciones; buscando desvincular los cuidados de las mujeres y familias únicamente y reconocer la responsabilidad que poseen los hombres, el mercado, las comunidades y el Estado para este derecho. De esta manera, se cuestionan las profundas desigualdades que devienen de la división sexual del trabajo y los efectos históricos que han generado en el proyecto de vida, tiempo de descanso, involucramiento en el mercado, participación política y goce de autonomía de las mujeres.
El modelo de intervención MICA pone en el centro a la autonomía y los derechos de las mujeres como piedra angular, así como la transformación de las estructuras de poder que cimientan su subordinación y la violencia, a través de una serie de intervenciones en distintos escenarios. Para lograr una implementación adecuada del modelo es necesario tomar especial consideración a los enfoques que han guiado su diseño y los cuales servirán como principios orientadores en el proceso de implementación; del mismo modo, se constituyen como parámetros para la toma de decisiones si nos enfrentamos a escenarios en los que es necesario detener una intervención, adaptarla o modificarla. En esa medida, se plantean doce enfoques de diseño e implementación en los cuales guían y sostienen el modelo.
● Enfoque de igualdad de género desde la perspectiva cuir: Busca la igualdad de género más allá de los binarismos y las heteronormas. Reconoce la violencia basada en género hacia todas las personas, particularmente contra la diversidad de mujeres, LGBTIQ+. Desafía estereotipos, valora diversas expresiones corporales y transforma impactos del binarismo. Aborda la feminización de los cuidados y previene la violencia hacia diversidad sexo-género.
● Enfoque del ciclo de vida: Considera particularidades de cada etapa del desarrollo humano, identifica riesgos y brechas específicas, aborda la carga de cuidados transversal, afecta de manera diferenciada a cada grupo etario.
● Enfoque interseccional de las discriminaciones: Considera cómo diferentes identidades interactúan y se refuerzan mutuamente en la opresión. Visibiliza factores como raza, clase, orientación sexual, etc. No iguala discriminaciones, adapta el modelo a contextos individuales y comunitarios, evita reforzar sistemas de exclusión.
● Enfoque decolonial: Cuestiona relaciones de poder basadas en la historia colonial, desafiando discursos de dominación, y reconociendo la agencia de las personas. Esta perspectiva, en contextos diversos como Perú, es imprescindible ya que propone una nueva mirada de los cuidados basada en el bienestar y los saberes comunitarios.
● Enfoque de interculturalidad: Busca identificar problemas estructurales coloniales y étnico raciales, no constituye un simple reconocimiento de la diversidad, sino que comprende que las diferencias se sostienen en relaciones de poder colonial y jerarquizadas. Reconoce que las personas tenemos un bagaje de experiencias y saberes que sostienen en cierta medida la feminización de los cuidados. Por ende, establece que desnaturalizar la feminización de los cuidados implica acciones culturalmente transformadoras que promuevan el diálogo de saberes y la participación de las mujeres en su amplia diversidad.
● El enfoque de inclusión y accesibilidad: Reconoce la necesidad de adaptar las culturas, las políticas y las prácticas para cumplir con las diferentes necesidades de cada persona. Busca alcanzar el acceso y participación de todas y todos en los distintos ámbitos; no obstante, pone énfasis en recordar que en esa diversidad las personas con discapacidad deben ser tomadas en cuenta, ellas conforman uno de los grupos en mayor situación de exclusión y vulnerabilidad. El modelo MICA promueve la accesibilidad y la participación de todas las personas, considerando la diversidad. Busca transformar actitudes hacia la autonomía de las mujeres a través del diálogo y aprendizaje inclusivo y adaptable.
● Enfoque de adaptabilidad o contextualización: Desde este enfoque, se establece que, si bien MICA tiene criterios mínimos para su aplicación, este no es una camisa de fuerza. Una consideración clave para lograr los resultados planteados es la adaptabilidad, por lo que una tarea principal a realizar es el estudio de los territorios y comunidades, previamente a la intervención. Ello permitirá mapear las características, potencialidades, dificultades, particularidades y limitaciones a fin de contextualizar las actividades propuestas. Con este enfoque, precisamos que por cada territorio se debe contar con la línea de base y el diagnóstico.
● Enfoque de intervención basado en evidencia: Utiliza estrategias comprobadas, se apoya en investigaciones previas, aunque no necesariamente en el contexto específico. Busca generar conocimiento a través de la evaluación y el aprendizaje continuo. La aplicación y evaluación de MICA busca contribuir al conocimiento sobre la desfeminización de los cuidados, su relación con la autonomía de las mujeres y la prevención de la violencia de género.
● Enfoque de comunicación como relación: Reconoce las relaciones de poder y busca generar espacios de reflexión y transformación de actitudes. Con este enfoque MICA promueve la reflexión desde las propias comunidades, proponiendo intervenciones a distintos niveles, fomentando el diálogo y el intercambio en la comunidad. El objetivo es que las personas reconozcan su poder para cambiar las situaciones de injusticia causadas por la feminización de los cuidados. Se busca colocar la prevención en la conversación pública y generar espacios de reflexión sobre los estereotipos a desafiar.
● Enfoque de articulación multiactor y multinivel: Busca la coordinación y colaboración entre diferentes actores y niveles para lograr intervenciones efectivas en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es decir, promueve la colaboración entre instituciones estatales, sociedad civil, empresariado y cooperación internacional para lograr intervenciones transversales de alto impacto. Con este enfoque MICA se propone el fortalecimiento de las Instancias de Concertación-Ley 30364, pero también se recomienda crear una instancia alternativa si la colaboración con esta no es viable debido al contexto.
● Enfoque de valorización del tiempo y trabajo: Busca desfeminizar los cuidados y colectivizarlos para promover el desarrollo de los planes de vida de las mujeres. Se plantea que el trabajo de cuidado comunitario sea remunerado, evitando que recaiga exclusivamente en las mujeres. Con este enfoque el modelo MICA propone el reconocimiento, la reducción y redistribución del trabajo de cuidado, del realizado tanto en el ámbito privado como comunitario y público.
● Enfoque comunitario: Busca movilizar y apoyar a las comunidades para cuestionar los estereotipos de género sobre la feminización de los cuidados y la autonomía de las mujeres. Prioriza la construcción de procesos por parte de las propias comunidades, adaptando las herramientas de intervención a sus necesidades. El enfoque no es punitivo, sino que busca que la comunidad valore su historia y transforme los estereotipos de género de manera propositiva y en la práctica cotidiana. Con este enfoque el modelo MICA plantea el acompañamiento a las/los líderes comunitarios y reforzar la dignidad humana y el empoderamiento de todos los actores.
● Enfoque de derechos humanos: Busca promover y proteger los derechos humanos, brindando acceso efectivo a los mismos y abordando las causas estructurales de la discriminación y la violencia de género. Este enfoque agrega legitimidad al proceso de desarrollo, al estar basado en valores universales reflejados en normas legalmente vinculantes. Es importante incorporar procesos participativos y responsables con las poblaciones, priorizando a aquellos grupos excluidos y evitando profundizar las desigualdades existentes.
● Enfoque basado en las personas: Surge del enfoque centrado en la sobreviviente, buscando que las instituciones consideren las necesidades y preocupaciones de las víctimas. Se enfatiza en reconocer las particularidades de cada individuo para una intervención adecuada, sensible y sin prejuicios, respetando su autonomía. Este enfoque prioriza los derechos, necesidades y deseos de las personas involucradas, permitiendo que tomen decisiones sobre la pertinencia de las denuncias y respetando su tiempo.
- Identificación de las brechas en adaptabilidad y contextualización en las intervenciones existentes
La prevención de la violencia de género requiere estrategias que no solo aborden sus manifestaciones evidentes, sino que también se sumerjan en las complejidades contextuales y culturales de cada comunidad. La identificación de brechas de adaptabilidad y contextualización en las intervenciones existentes se convierte en un imperativo para asegurar la eficacia de estas medidas y su impacto real en la erradicación de la violencia basada en género.
En el contexto peruano, la diversidad geográfica, cultural y pluriétnica, presenta desafíos significativos en la implementación de intervenciones homogéneas y hegemónicas. Las brechas de adaptabilidad surgen cuando las estrategias de prevención son diseñadas de manera genérica, sin considerar las diferencias regionales. Por ejemplo, las dinámicas de género en áreas urbanas pueden variar considerablemente de las rurales, y las intervenciones deben ajustarse para abordar estas distinciones.
La contextualización implica comprender a fondo las normas culturales arraigadas que contribuyen a la violencia de género. En el Perú, donde la herencia patriarcal persiste, las intervenciones deben abordar las estructuras de poder desiguales y los roles de género tradicionales que perpetúan la desigualdad. Ignorar estas complejidades puede resultar en estrategias de prevención que no resuenen con las comunidades locales, limitando así su efectividad.
Es esencial llevar a cabo evaluaciones exhaustivas para identificar las brechas de adaptabilidad. Estas evaluaciones deben considerar la diversidad cultural, socioeconómica y geográfica, asegurándose de capturar las particularidades que influyen en la dinámica de la violencia de género. La recolección de datos cualitativos y cuantitativos puede proporcionar información valiosa sobre las necesidades específicas de cada comunidad, permitiendo la adaptación de las intervenciones de prevención de manera precisa.
La brecha de información y acceso a recursos es otra área crítica que debe ser abordada. En muchas comunidades, especialmente aquellas en áreas rurales, puede existir una falta de conciencia sobre los derechos de género y los servicios disponibles. Las intervenciones deben incluir esfuerzos educativos que empoderen a las comunidades con información sobre la prevención de la violencia de género y los recursos disponibles para las víctimas.
La contextualización implica también reconocer y respetar las prácticas y valores culturales locales, al tiempo que se promueven cambios positivos. Es crucial colaborar estrechamente con líderes comunitarios, organizaciones locales y figuras clave para ganar aceptación y comprensión. El respeto por la diversidad cultural no solo fortalece la efectividad de las intervenciones, sino que también contribuye a construir relaciones de confianza con las comunidades.
En conclusión, la identificación de brechas de adaptabilidad y contextualización en las intervenciones de prevención de la violencia de género es esencial para abordar eficazmente este problema en el contexto peruano. La atención a las diferencias regionales, la comprensión de las normas culturales arraigadas y la adaptación precisa de las estrategias de prevención son fundamentales. El éxito de estas intervenciones no solo se mide en términos de reducción de la violencia, sino también en la capacidad de construir comunidades más equitativas y resilientes.
Desde el enfoque de adaptabilidad o contextualización que propone la estrategia de prevención feminista MICA se establece que, si bien el modelo tiene criterios mínimos para su aplicación, éste no es una camisa de fuerza. Por lo que una consideración clave para lograr los resultados planteados es la adaptabilidad por lo que una tarea principal a realizar antes de intervenir es el estudio de los territorios y comunidades previamente a la intervención. Ello permitirá mapear las características, potencialidades, dificultades, particularidades y limitaciones a fin de contextualizar las actividades propuestas. Con este enfoque, establecemos que por cada territorio se debe trabajar la línea de base y el diagnóstico, en lugar de hacer uso de las tradicionales “recetas” que se suelen usar para las intervenciones.
En ese sentido, con el apoyo del CLADEM Perú desarrollamos una propuesta formativa con activistas feministas de diferentes territorios del país con el objetivo de reconocer el conocimiento territorialmente situado, basado en la experiencia y apoyar su proceso de producción y gestión del saber.
Una pregunta que surgió e inspiró esta investigación es: ¿cuál es la instancia responsable política y presupuestalmente de la adaptabilidad y contextualización de las políticas e intervenciones de prevención de la violencia basada en género? Las entrevistadas de Piura, Arequipa, La Libertad, San Martín, Lima y Cusco identificaron en el proceso de asesorías, la ausencia del enfoque de adaptabilidad o contextualización en los servicios, en sus regiones como una generalidad y no como excepción.
3.1. Análisis detallado del contexto peruano en relación con la violencia de género
En el contexto peruano, la violencia de género se manifiesta como un desafío social complejo arraigado en factores históricos, culturales y estructurales. La herencia patriarcal ha dejado una impronta profunda, contribuyendo a la persistencia de desigualdades de género y a la normalización de la violencia contra las mujeres.
Las cifras de violencia de género en el Perú son alarmantes, con altas tasas de feminicidios y violencia doméstica. A pesar de avances legislativos y de la creciente conciencia pública, aún existen barreras para la denuncia y la búsqueda de justicia. Estas barreras incluyen la falta de confianza en las instituciones, la limitada accesibilidad a recursos legales y la estigmatización de las víctimas.
La feminización del trabajo de cuidado también contribuye a la dinámica de la violencia de género en el país. Las mujeres a menudo asumen roles de cuidadoras en el ámbito familiar, lo que puede resultar en desigualdades económicas y limitar las oportunidades de desarrollo personal y profesional. Esta sobrecarga de responsabilidades puede generar tensiones y conflictos, exacerbando la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia.
Los roles de género tradicionales, profundamente arraigados en la sociedad peruana, refuerzan estereotipos que perpetúan la desigualdad. La masculinidad dominante y la feminidad subordinada se manifiestan en la vida cotidiana, contribuyendo a la perpetuación de la violencia de género. La transformación de estos roles requiere un cambio cultural profundo y una educación que promueva la igualdad de género desde temprana edad.
El activismo feminista en el Perú ha cobrado fuerza en respuesta a estas problemáticas. Organizaciones y movimientos buscan no solo visibilizar la violencia de género, sino prevenirla. Con ese objetivo es que se impulsan cambios legislativos, se promueve la educación de género y se desafían permanentemente las normas culturales que perpetúan la desigualdad.
En resumen, el contexto peruano en relación con la violencia basada en género refleja desafíos arraigados en la historia y la cultura. Abordar este problema requiere enfoques integrales que consideren la diversidad regional, la feminización del trabajo de cuidado y los estereotipos de género, mientras se fomenta un cambio cultural profundo para construir una sociedad más justa y libre de violencias.
3.2. Exploración de caso: La falta de acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva y aborto terapéutico para víctimas de violación sexual
Las normas técnicas para la atención de la salud sexual reproductiva, aborto terapéutico, y actuación conjunta en casos de violencias están hechas sin conocimiento de las realidades locales, a nivel estructural (de los servicios) cultural, de la sociedad, y provistas de estigma.
Por todo ello la Guía Técnica para la Atención de Aborto Terapéutico, y el Protocolo de Actuación Conjunta son normas que no están debidamente implementadas en los diferentes contextos locales del país. A continuación, las acciones pertinentes para reflexionar críticamente sobre esta realidad con miras a iniciar una transformación necesaria:
● Fortalecer la colaboración entre los actores comunitarios y el primer nivel de atención de salud para mejorar la prevención y la intervención temprana es crucial especialmente en contextos no urbanos fuera de Lima, donde la presencia del Estado es muy limitada y las usuarias dependen únicamente de su capital social y cultural para superar la falta de información y acceder a la atención sanitaria (Ramirez, 2022, p. 103).
● Promover marcos legales y políticos multinivel, incluido el nivel local. De ese modo se podrá asegurar el monitoreo y mejora de medidas para la atención con estándares adecuados, por ejemplo, aquellos que incluyan cabalmente la perspectiva intercultural. Es decir, que tomen en cuenta las condiciones de cada contexto sanitario para la implementación y para la mejora de las competencias; la disposición de las y los proveedores de salud locales; la cultura, costumbres y lengua de la comunidad entre otros elementos básicos. Estas acciones deberán incluir el fortalecimiento del actuar conjunto con el personal del CEM y los actores comunitarios relevantes, como las promotoras de salud, los programas sociales entre otros, según cada caso (Ramirez, 2022, p. 103)
● Invertir recursos públicos locales para asegurar estándares adecuados en la provisión de la atención por aborto terapéutico resulta fundamental. Esta medida exige incorporar mejoras en cuanto a las condiciones de contratación de las y los proveedores de salud que se requieran, reduciendo la rotación excesiva de personas que actualmente precariza la atención; así como respecto de las óptimas condiciones de las instalaciones para la atención y la provisión oportuna y pertinente de insumos (Ramirez, 2022, p. 104).
● Gestionar, a través de la DIRESA, mecanismos para fortalecer las competencias y, habilidades blandas de modo que el personal de salud esté en condiciones de conocer y aplicar aquellas normas que aún no están implementadas en la práctica, como es el caso de la Guía Técnica para la Atención de Aborto Terapéutico, y el Protocolo de Actuación Conjunta. Asimismo, reforzar la comprensión intercultural en la atención en salud en general, pero especialmente en salud sexual y reproductiva más allá del parto. Este aspecto es fundamental para enfrentar los estereotipos de género y el estigma por la criminalización del aborto en la atención (Ramirez, 2022, p. 104).
● Fomentar en las instituciones universitarias y técnicas locales de formación en ginecología y obstetricia, la inclusión de contenidos teóricos y prácticos que aborden el aborto. Además, proporcionar las habilidades y competencias necesarias para atender casos de aborto terapéutico, incluyendo la capacidad de evaluar adecuadamente el riesgo de daño, considerando la salud integral, así como los impactos en la salud mental y social (Ramirez, 2022, p. 104).
● Trabajar articuladamente con medios de comunicación, actores locales relevantes organizaciones sociales y otros para reducir las violencias basadas en género, los estereotipos de género, la revictimización de las sobrevivientes de violencia sexual, y el estigma del aborto.
- Conclusiones
Los hallazgos clave de la investigación muestran que la violencia de género al ser una preocupación global, nacional y local, requiere de estrategias efectivas y flexibles para prevenirla y reducirla. Es importante que el Estado peruano contextualice y adapte las estrategias aplicadas, según resalta la revisión sistemática de intervenciones existentes. La falta de adaptabilidad compromete la eficacia de las intervenciones al no considerar las particularidades culturales y contextuales de cada territorio.
La importancia de la adaptabilidad y contextualización en las intervenciones para la prevención de la violencia de género es evidente. La lucha contra la violencia de género requiere adaptabilidad y contextualización, ya que son aspectos cruciales. Es importante considerar las diferencias culturales, socioeconómicas y contextuales de cada comunidad al realizar intervenciones efectivas. Si no hay una adaptabilidad adecuada, las estrategias podrían ser ineficaces o incluso perjudiciales. Es crucial que se diseñen y apliquen políticas y programas para abordar la violencia de género de forma flexible y sensible al contexto local a fin de alcanzar resultados significativos y sostenibles.
Por último, y a modo de síntesis de los beneficios potenciales de aplicar el Modelo MICA en diferentes contextos y sugerencias para futuras investigaciones y acciones en el ámbito de la prevención de la violencia de género. La investigación concluye que MICA se presenta como una estrategia innovadora que pone énfasis en la adaptabilidad y contextualización para prevenir la violencia de género. El enfoque centrado en las mujeres y su autonomía puede ser aplicado en diversos contextos culturales y socioeconómicos.
Es recomendable que investigaciones futuras examinen cómo se implementa y qué efectividad tiene el Modelo MICA en diversos contextos, así como su capacidad para impulsar cambios importantes en la prevención y reducción de la violencia de género. Se anima a los responsables de políticas a considerar la incorporación de enfoques adaptativos como el Modelo MICA en sus programas y estrategias para abordar la violencia de género.
- Referencias
Lamas, M. (2018). El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. En Ferreyra, M. (coord.), El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas (pp. 15-24). ONU Mujeres.
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/tercerinformehemisferico.pd
MESECVI. (2017). Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará. http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/tercerinformehemisferico.pdf
MIMP (2022a). Marco Conceptual para la prevención de la Violencia de género contra las Mujeres. MIMP. https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/2842546-el-marco-conceptual-para-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-contra-las-mujeres
MIMP (2022b). Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra la Mujer “Mujeres Libres de Violencia”. MIMP. https://www.gob.pe/institucion/mimp/informes-publicaciones/2842554-la-estrategia-nacional-de-prevencion-de-la-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-mujeres-libres-de-violencia
MIMP (2019). Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG). MIMP. https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/04/Pol%C3%ADtica-nacional-de-igualdad-de-g%C3%A9nero-DS-008-2019-MIMP-Legis.pe_.pdf?fbclid=IwAR0lNeju_UgOBi08T8TQ9pKzXROsKyrRWtMcXwS5VVK84HLt8xrFDzdbSVk
Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2010). Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Asamblea General. https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UNSR_Educaci%C3%B3n_Sexual_2010_ES.pdf
ONU Mujeres (2015a). ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
ONU Mujeres (2015b). Un marco de apoyo a la prevención de la violencia contra la mujer. ONU Mujeres. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework
ONU Mujeres (s.f.) Enfoque en la prevención: Poner fin a la violencia contra las mujeres. https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/prevention#_Resources
ONU Mujeres. (2011). Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2011/7/progress-of-the-world-s-women-in-pursuit-of-justice#view
ONU Mujeres & CEPAL (2021). Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en America Latina y el Caribe. Elementos para su implementación. Oficina Regional para las Américas y el Caribe & Comisión Económica. https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2021/11/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf
ONU & CEPAL (2022, 7-11 de noviembre). Decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. [Acuerdos de la Conferencia]. ONU & CEPAL 2022 Buenos Aires, Argentina. https://www.clacso.org/xv-conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe/#:~:text=La%20XV%20Conferencia%20Regional%20sobre,sostenible%20con%20igualdad%20de%20g%C3%A9nero.
Ramírez Zubillaga, Sara Indira (2022). Explorando las barreras para el acceso al aborto terapéutico en servicios de salud seleccionados de Puerto Maldonado - Tambopata - Madre de Dios - Perú. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. http://hdl.handle.net/10469/18528
Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. Gaceta ecológica, (55), 14-20.
Sigelman C. & Rider E. (2017). Life-Span Human Development. Cengage Learning.
The Prevention Collaborative (2020). What do we mean by preventing violence against women? Prevention Basics Brief 1: What is prevention?. https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2020/03/Prevention-Basics-Brief-1-web.pdf