La conciencia ambiental muestra una
clara tendencia hacia la capacitación de los más jóvenes con información basada
en evidencia científica, con énfasis en las zonas rurales.
El análisis demográfico indica que
una obra de infraestructura vial puede impactar hasta en un máximo de 11
personas por hogar, de manera que debe considerarse que, para el caso en
estudio, las personas influenciadas por la obra llegan a 208, lo cual se corresponde
con un 45.67 % relacionado con el área urbana y un 54.33 % vinculado con el
área rural. Consideramos importante esta información por su efecto
multiplicador, ya que representa un 28.22 % del total de familiares de la
muestra, lo cual constituye un total de 737, considerando la cantidad de obras
de infraestructura desarrolladas en la zona de estudio. Adicionalmente a ello,
un 78.41 % de los informantes respondió estar de acuerdo con su participación
para la preservación del medioambiente.
Se identificaron los factores
determinantes en la gestión ecoeficiente de residuos sólidos durante la
construcción del puente Pucayacu: la dimensión económica (por el valor agregado
de aprovechamiento de residuos sólidos) y la dimensión sociocultural (por la
disposición de los residuos sólidos) son catalogadas como preponderantes y
facilitadoras del modelo de gestión comunitaria ecoeficiente de residuos
sólidos.
Queda establecido que el género no
define diferencias significativas en el nivel de conciencia ambiental afectiva;
sin embargo, se determinó a nivel muestral una preponderancia del área rural
respecto del área urbana.
Según el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (2018), en el departamento de
Huancavelica se obtuvieron los siguientes datos que se muestran en la Tabla 8.
Tabla 8. Cantidad de proyectos de
inversión destinados al departamento de Huancavelica (2009-2018).
|
Sector productivo
|
Educación
|
Saneamiento
|
Viales
|
Medio ambiente
|
|
Proyectos de inversión
|
1.311
|
951
|
120
|
520
|
Lo anterior exhibe el potencial
disponible que facilita la integración de las obras de infraestructura en la
implementación de metodologías que contribuyen con la popularización, en el
contexto de las comunidades rurales, de técnicas ecoeficientes para la gestión
de residuos sólidos.
Los resultados trazan la ruta hacia
la valoración de actores gravitantes como la empresa privada y las comunidades
locales. La meta concreta es la iniciativa del Estado peruano que, en su Agenda
Nacional de Acción Ambiental al 2021, Agenda Ambiental al Bicentenario hace
referencia a la ecoeficiencia y la promueve en organismos públicos, ya sean
nacionales, locales o empresas privadas. Se priorizan en este caso las
estrategias con metas en la sostenibilidad (MINAM, 2019). En cuanto a políticas
coincidentes con lo planteado a nivel global, un ejemplo palmario es el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [UNEP], el cual insta a
enfatizar en los procesos de adaptación de naciones, la inclusión de los grupos
(que comprende tanto las comunidades vulnerables como los ecosistemas), el
impulso de la integración de perspectivas de género y el aliento a los países a
reconocer la necesidad de proteger y desarrollar la resiliencia de los
ecosistemas (UNEP, 2020). Todos estos aspectos están refrendados por la
Resolución Ministerial N° 096 -2021-MINAM.
En consideración con los objetivos de
desarrollo sostenible [ODS] adoptados por 193 estados en la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, realizada en
2015, se promueve la popularización de los conocimientos sobre el medioambiente
como un derecho humano, de manera que debemos luchar por disfrutar de un
medioambiente saludable y digno, como objetivo para la reducción de brechas de
adaptación.
De igual manera, la investigación
enfatiza la relación entre género y medioambiente como clave para destrabar las
desigualdades sociales que se oponen al desarrollo sostenible, brechas
agravadas por el contexto de la pandemia de la COVID-19, que impactó en mayor
medida en las mujeres, pues estas estuvieron limitadas por el menor acceso a
los recursos económicos y la educación (Programa de la Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 2021).
Debido al crecimiento poblacional y a
los hábitos consumistas generalizados en la población mundial y local, la
gestión de residuos sólidos constituye un reto para toda comunidad,
independientemente de su tamaño o su ubicación geográfica. Dicha gestión es
implantada mediante modelos que actualmente son direccionados sin considerar la
diversidad social, económica y cultural de las comunidades; este vacío soslaya
la pluralidad acentuada en Perú, manifestada a través de la diversidad étnica,
principalmente quechua, awajún y aimara. La aparente omisión de esta realidad
origina deficiencias y brechas que ocasionan la persistencia de la
contaminación ambiental por residuos sólidos con sus evidentes consecuencias
negativas para la calidad de vida y la salud de la población en menoscabo del
futuro de nuestro planeta.
Desde el punto de vista ambiental,
social y económico, se consideran efectivas las políticas de gestión de
residuos sólidos establecidas en países desarrollados de Europa, cuya tendencia
se dirige a la meta denominada «residuos cero». El objetivo fundamental de
estas políticas está orientado por una economía circular, pues pretende cumplir
la meta de incrementar la valoración de y minimizar los volúmenes destinados
para su disposición final, fundamentalmente en lo tocante a la reducción de las
áreas degradadas y la emisión de gases de efecto invernadero (EuroStat, 2023).
En contraste, los países en
desarrollo como el Perú mantienen un rango mínimo de aprovechamiento; por ende,
evidencian un alto nivel de requerimiento de áreas para disposición final, de
manera que la consecuencia palmaria es el deterioro de suelos y la generación
de gases de efecto invernadero; en rigor, se desdeña el beneficio potencial que
se generaría por la transformación del residuo en un nuevo bien con valor
económico para las comunidades. Esta situación puede estar condicionada
principalmente por la rigidez y el encasillamiento del modelo de gestión de
residuos sólidos impuestos por las autoridades competentes, modelo que
generaliza los procesos sin discriminar las diferentes realidades generadas por
la diversidad sociocultural y económica.
En el reporte diagnósticos de la
situación de las brechas de infraestructura o de acceso a bienes y servicios se
afirma que el bienestar de la población de las zonas rurales se ve impactado
drásticamente ante la reducción de la dotación de servicios medioambientales caracterizados
por su mayor dependencia, lo cual deja en evidencia su supervivencia y la
sostenibilidad de sus labores (MINAM, 2019).
En la actualidad, el servicio de
limpieza pública en Perú proyecta una brecha del 53.29 % en el porcentaje de
población no atendida durante el año 2022; este déficit es soslayado por las
gestiones deficientes o afectadas por la corrupción, las cuales también impiden
a los pobladores el acceso a un correcto servicio de limpieza pública. Se deja
así a más de 17 millones de pobladores carentes del servicio básico, con las
consecuencias previsibles de incremento de la contaminación en sus lugares de
residencia y su entorno natural; en consecuencia, se genera la proliferación de
vectores tales como los roedores y las moscas que transmiten enfermedades que
se constituyen en epidemias si carecen de un control eficiente.
Las cifras expuestas, por su fecha de
estimación, no contemplan el impacto del contexto que ha generado la pandemia
de la COVID-19 iniciada en marzo de 2020, la cual, luego de un largo proceso,
impuso nuevas normas de manejo de residuos sólidos: tal es el caso del
Protocolo para el Manejo de Residuos Sólidos. Durante la Emergencia Sanitaria
por COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional; el ámbito de aplicación se
amplió a los domicilios en zonas urbanas y rurales que comprenden a todos los
residuos sólidos domiciliarios generados en las viviendas producto de la
convivencia de los integrantes; de la misma forma, se imponen indicaciones para
la recolección y el transporte de residuos sólidos hasta su disposición final
(MINAM, 2020).
Al respecto, la ONU estima que,
debido a las tendencias marcadas en Italia durante el año 2020, se consumirán
129 mil millones de mascarillas y 65 mil millones de guantes mensualmente.
Producto de ello, las ventas de estos productos aumentaron 200 veces en
comparación con el año 2019, y generó la acumulación de 166 000 millones de
dólares en el año 2020 (ONU, 2020).
Debido a las restricciones impuestas
por las autoridades de salud en lo referente a protocolos para contener la
propagación de la COVID-19 (que incluyó medidas de cuarentena e inamovilidad
social, acentuadas por el temor ante el desconocimiento por parte de la
población), evidentemente la pandemia también impactó en los procesos de
valoración de los residuos sólidos, lo que repercute en el incremento de
volúmenes de residuos que van a parar a las áreas de disposición final, en su
gran mayoría botaderos sin gestión municipal. Esto representa una amenaza, pues
estos productos no reciclados incrementan la presión en la infraestructura de
disposición final de residuos sólidos o llegan por descuido a zonas de
contaminación de ríos o mares. Tal es el caso del río Mantaro; este escenario
es negativo, pues se desaprovecha tanto en lo económico como en lo ambiental.
Huancavelica, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2017), cuenta con 119 centros
poblados urbanos y 6874 centros poblados rurales; es decir, es una región
eminentemente rural. El departamento fue incluido en el segundo nivel de
incidencia de pobreza, con un rango de 32.9 % a 36.2 % y una taza de pobreza
extrema de 6.0 % a 7.7 %. Huancavelica presenta también una brecha de género en
su tasa de analfabetismo: 10.8 % para hombres y 32.8 % para mujeres.
Con un total de 97 municipalidades,
reporta en todas ellas el recojo de residuos sólidos municipales y un promedio
de recojo de 116.810 kg diarios generados con una frecuencia diaria en 43
municipalidades y con una frecuencia interdiaria en 23 municipalidades. Además,
18 municipalidades reportaron frecuencia de recojo de dos veces por semana y 13
municipalidades reportan una frecuencia de recojo de una vez por semana.
Solo en la provincia de Acobamba
existen 64 comunidades campesinas reconocidas por el Estado peruano según el
Instituto del Perú (2016). De estas, 6 corresponden a la jurisdicción del
Municipio Distrital de Marcas.
La gestión de residuos sólidos actual
no logra abarcar ni interpretar la diversidad de realidades que representa cada
población en las diferentes regiones del país; los ejes de gestión establecidos
por el MINAM, que vienen siendo actualizados, se ven limitados por diversos
factores que van en desmedro de resultados concretos desde la implementación de
las políticas ambientales. Esta investigación persigue la confirmación de la
necesidad de mejoras en el modelo de gestión de residuos vigente, implementado
por las instituciones competentes, de manera que se busca reducir los volúmenes
de residuos que requieren disposición definitiva; se obtiene con ello una
reducción en el requerimiento de áreas degradadas y la menor emisión de gases
de efecto invernadero, de acuerdo con la identificación de factores
determinantes que se correlacionan con la actitud ambiental de los pobladores y
contribuye con la mejora en su calidad de vida.
Por lo anterior, cobra vigencia y
prioridad el concepto de desarrollo sostenible, el cual no puede evadir la
articulación de los estados para con los pueblos del ámbito rural, sobre todo
en países en desarrollo. Por ello, los implantes de técnicas y tecnicismos
extranjeros, en primer lugar, deben adaptarse a cada realidad comunitaria, bajo
el fortalecimiento de la conciencia ambiental y la promoción de la equidad.
En el contexto de la pandemia de la
COVID-19 iniciada en marzo de 2020, los modelos existentes aún ignoran el
factor gravitante que representa para una comunidad afrontar cambios radicales
en la generación de residuos sólidos domiciliarios, pues en dicho contexto en
el que se evidencia la aparición de una enfermedad comunitaria se carece de la
adecuada capacitación para su manejo; en tal sentido, es menester resguardar su
salud y su vida, todo en el marco del respeto del medioambiente circundante
cuya dependencia en el ámbito rural es mayor que en las zonas urbanas.
La participación de las comunidades
se consideró gravitante en el desarrollo de la investigación, pues, según lo
planteado por Martínez (2016), si se carece de motivación, no se obtendrán los
resultados esperados; es decir, si los hogares se sienten beneficiados, es
porque la actividad de segregación de residuos les proporcionará un beneficio
añadido que contribuya positivamente con la sociedad, de manera que se
obtendrán mejores resultados; si, por el contrario, se considera que la
segregación representa un gasto experimentado como una carga, entonces
incrementará costos de gestión y constituirá una situación adversa que se
mantiene como normalizada burocráticamente.
Este modelo vigente aparenta ignorar
el potencial de representación, articulación y empoderamiento de las
comunidades, pues impone toda la gestión a las municipalidades provinciales y
distritales, y recogen resultados poco alentadores como los reportados en el
año 2018, en el que solo el 44 % de los municipios informaron resultados de
gestión anual al Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos
monitoreado por el MINAM.
Este ha sido el objetivo fundamental
por el cual se desarrolló a nivel relacional la propuesta de un modelo
ecoeficiente de gestión comunitaria de residuos sólidos, fundamentado en la
teoría del Actor-Red propuesta por Latour (2008), y su aplicación en conjunto
con la teoría estructuralista que analiza las relaciones entre las
organizaciones y el sistema social que las rodea (Solano & Yachi, 2016).
Con ello, se busca también la
reducción de la inequidad que puede evidenciarse entre los presupuestos
destinados a la elaboración y la ejecución de proyectos de inversión pública.
De la misma forma, se logra la optimización de los planes anuales que cada
municipio provincial o distrital asigna para promover la educación ambiental
fundamentada en la elaboración de la propuesta de modelo de gestión comunitaria.
CONCLUSIONES
Las variables ecoeficiencia y
conciencia ambiental muestran correlaciones variadas entre sus dimensiones; por
ello, la percepción de la gestión ecoeficiente de residuos sólidos influye en
la conciencia ambiental de los pobladores de las comunidades de Marcas.
La dimensión de tipo económico, así
como la de tipo sociocultural, se identifican como factores determinantes en la
gestión ecoeficiente de residuos sólidos en relación con la variable conciencia
ambiental.
El género no ejerce una influencia
significativa en la dimensión afectiva de la variable conciencia ambiental, lo
que sustenta la motivación hacia la equidad como factor esencial para la mejora
en la gestión de residuos sólidos.
El modelo de gestión ecoeficiente
comunitario de residuos sólidos recoge los resultados de esta investigación
hacia una mejora en la calidad de vida de los pobladores de las áreas rurales.
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